Luis Ignacio Velásquez/ Fotos: Mario Jiménez Leyva
El Poder Judicial del estado trabaja cotidianamente en la humanización de la justicia, la protección de los derechos humanos y la modernización de la institución, a fin de sentar las bases para asegurar la vitalidad de la Constitución y la eficacia de su garantía, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez al rendir su segundo informe de actividades.
Ante el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa; la presidenta de la mesa directiva de la 65 Legislatura, Mariana Benítez Tiburcio; magistradas y magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura y funcionarios públicos, sostuvo que una sociedad civilizada empieza por la humanización de sí misma, en la que impera una cultura de respeto a la dignidad de la persona y los derechos humanos.
Una sociedad civilizada es una sociedad ordenada, en la que imperan los valores superiores del ordenamiento jurídico.
Comentó que una cultura de respeto a los principios o valores supremos de nuestra convivencia y organización, depende de la educación que recibimos en los distintos ámbitos de la vida social, “pero en el caso del juzgador se perfila con la conciencia y la sensibilidad que nace de una formación profesional humanística y no solamente científica. ¿Porqué? Pues por la sencilla razón que al emitir un juicio o tomar una decisión, no solo aplica su ciencia, sino también su conciencia, que es lo que propiamente imprime un sentimiento de justicia a su decisión, recordando lo que, con sobrada razón, Francis Bacon, dijese sobre nosotros: El juez debe tener en la mano el libro de la ley y el entendimiento en el corazón de la justicia”.
"La injusticia hunde profundas raíces en la ignorancia y la impreparación”
En sesión solemne conjunta de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, subrayó que la formación y profesionalización de los operadores jurídicos constituyen el mejor mecanismo para la racionalidad de la vida política, la humanización de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
“No apostarle a la educación significa alinearse, incluso pasivamente del lado de la ignorancia, con todo lo que ello trae aparejado: discriminación, corrupción, oscurantismo, pobreza física y espiritual; pero sobre todo, para nosotros los juzgadores, alentar, inadvertidamente, el caldo de cultivo donde prevalece la antítesis del Derecho: la deshumanización y la injusticia. En efecto, la injusticia hunde profundas raíces en la ignorancia y la impreparación”.
Programas académicos
El magistrado presidente manifestó que por esta razón son particularmente cuidadosos en la implementación de un programa del más alto nivel académico, con el propósito de producir juzgadores con una depurada técnica jurídica, pero, ante todo, y sobre todo, humanística.
“Con una visión transversal de los derechos humanos, enfoque de género, igualdad, pluralismo jurídico, integración y globalización jurídicas, que en el ámbito del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, constituyen los principales paradigmas de justicia y de legitimidad política”.
Dijo que de ahí la singular trascendencia de los programas académicos que en este último año han desarrollado en materia penal, civil, familiar, mercantil y laboral, entre los que destaca la Maestría en Derecho Judicial que se puso en marcha con una de las universidades más antiguas y prestigiadas del mundo: La Universidad de Perugia, Italia; en la que participarán como docentes, jurisconsultos europeos y mexicanos con los que pretenden formar generaciones de jueces para Oaxaca, México y América Latina.
También, reconoció que la pandemia de COVID-19 visibilizó los rezagos tecnológicos del TSJ porque el sistema de justicia civil, familiar y un tanto mercantil, poco o casi nada, había capitalizado los avances de la tecnología, pues los procedimientos judiciales se continúan tramitando como hace medio siglo.
“Pero reaccionamos e hicimos los ajustes pertinentes hasta donde nuestros ordenamientos legales lo permitían; este contexto, de suyo difícil, nosotros lo tomamos como una oportunidad y apresuramos proyectos que habíamos planeado a mediano y largo plazo. Escudriñamos nuestra capacidad técnica y fue así como, antes que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevamos a cabo la primera sesión virtual del pleno magistrados. El mismo ejercicio lo reprodujimos en los procesos del sistema acusatorio penal, migrando a audiencias virtuales cuando por razones de salud o seguridad personal no resultaba posible llevarlas a cabo de manera presencial”.
Aseveró que la pandemia los llevó a repensar la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial, con inversión, pero también con mucha imaginación.
Así, crearon 18 Salas Penales Unitarias, una por cada magistrado, más las 6 Salas Penales Colegiadas existentes, por lo que dieron un salto cuantitativo de 6 a 24 Salas Penales, que a partir de ahora configuran el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Reconoció que subsisten vicios, malas prácticas, corrupción y deficiencias, “precisamente porque estamos empeñados en ajustar, rediseñar, corregir y transformar, despojarnos de aquellos que con sus actos y decisiones deshonran a esta institución y defraudan a una sociedad que les confirió poder y confianza, a través de su nombramiento, porque no hay peor injusticia que la cometida por los encargados de impartirla. Pero tampoco es justo dejar de reconocer el esfuerzo, la conducta honesta, el talento profesional, la rectitud en el ejercicio de su función, de una gran mayoría de mujeres y hombres, magistradas y magistrados, juezas y jueces, sectarias y secretarios, en general, de servidores públicos que con su cotidiana actuación, legitiman el ejercicio de la función judicial”.
Destacó que esta obra no sólo ha sido resultado del trabajo realizado por el Poder Judicial, más bien es fruto del diálogo armónico entre los poderes del estado, de una alianza interinstitucional fundada en la plena convicción, que la división de poderes es un principio que no debe interpretarse como separación, distanciamiento, mucho menos confrontación, no, solo constituye un esquema de coordinación, cooperación y división del trabajo público para su mejor desempeño.
“Por eso agradezco el apoyo, colaboración y amistad que desde el primer día de esta administración ha dado el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, y por supuesto al trabajo solidario del Poder Legislativo, en este acto representado por la diputada Mariana Benítez Tiburcio, porque nos permitió lograr las reformas legales y constitucionales indispensables para llevar a cabo la reestructuración interna del Poder Judicial, así como la reforma laboral”.
Ardua labor
El magistrado Pinacho Sánchez enfatizó que durante su gestión al frente del Poder Judicial se incorporaron al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 4 magistradas y 4 magistrados y Pleno del Consejo de la Judicatura dos consejeros; que se realizó la reestructuración de las 6 salas penales colegiadas del tribunal creándose 18 salas penales unitarias; que se realizó la Maestría en Derecho Judicial, diseñada en conjunto con la Universidad de Perugia, Italia; que con la Editorial Jurídica Tirant Lo Blanch, de las más reconocidas de España, se celebró un convenio para el acceso a una biblioteca virtual y la coedición de libros, como la obra “Constitucionalismo multinivel, argumentación, deontología y otros temas jurídicos”, del doctor Eduardo De Jesús Castellanos Hernández, con la que se inició un programa editorial que llevará a publicar dos obras por año del más alto nivel; y que el Poder Judicial de Oaxaca recibió el premio “Copilli” a las buenas prácticas gubernamentales que otorgan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).
También que en los dos últimos años, se pusieron en operación otros cuatro centros de justicia por lo que hoy Oaxaca cuenta con 9 Centros de Justicia activos, con dispositivos de vanguardia; que por medio del Tribunal Virtual se efectuaron 34 mil 47 notificaciones electrónicas en primera y segunda instancia, 13 mil 123 consultas en línea de expedientes digitales, se atendieron 12 mil 214 demandas y 55 mil 763 promociones en primera y segunda instancia, además de 4 mil registros de partes y abogados en el registro único de notificación electrónica; que se elaboró y editó el “Protocolo para la armonización y coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena-afromexicana”; se aprobó la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano, el cual está en proceso de integración; que Oaxaca junto con Nuevo León y Nayarit, fue ubicado entre los tres únicos estados que presentan los mejores sistemas para la búsqueda de versiones públicas de sentencias, con un acervo de más de once mil emitidas por los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, y que como parte del nuevo modelo de justicia laboral en Oaxaca se inauguraron dos juzgados laborales y el Centro de Conciliación Laboral en Santa María Ixcotel.
“Con una visión transversal de los derechos humanos, enfoque de género, igualdad, pluralismo jurídico, integración y globalización jurídicas, que en el ámbito del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, constituyen los principales paradigmas de justicia y de legitimidad política”.
Eduardo Pinacho Sánchez
Magistrado presidente del TSJ
