La Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación a 20 indígenas zapotecos de San Francisco Coatlán, perteneciente a San Pablo Coatlán, región Sierra Sur, por presuntamente oponerse a la ejecución de una obra o trabajos públicos en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, informó que los gobiernos federal y estatal, así como la compañía constructora Coconal, suscribieron una minuta de acuerdo con las comunidades de la zona de Los Coatlanes para la conclusión de la obra en el 2024, donde se comprometieron a desarrollar obras sociales, pero hasta ahora no se han cumplido.
A pesar de esto, expuso que la FGR abrió las carpetas de investigación FED/OAX/HUA/1261/2025 y su acumulada FED/OAX/HUA/1260/2025, debido a la denuncia presentada por el representante legal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) en contra de los 20 indígenas zapotecos, entre ellos, miembros del Comisariado de Bienes Comunales y del Comité por la Defensa, la Justicia, la Autonomía y el Territorio de San Francisco Coatlán, por defender su territorio y sus derechos como comunidad indígena, así como por acatar los acuerdos de su asamblea comunitaria.
Detalló que en las dos carpetas de investigación aparecen como indiciados Cirilo Ruiz, Abel Osorio Martínez, Demetrio Bautista Alberto, Ruiz, Hermilo Jiménez Osorio, Guillermo Jiménez Bautista, Manuel Canseco Hernández, Guillermina Juárez Bautista, Felipe Jiménez V., Ubaldo Canseco J., Priscila Jiménez Martínez, Jazmín Jiménez Bautista, Marciano Bautista Juárez, Eusebio Jiménez Jiménez, Felicita Canseco Jiménez, Fernando Jiménez Venegas, Belarmino Bautista, Victorino Ruiz Ruiz, Hilaria Jiménez Osorio e Imelda Jiménez Canseco.
Subrayó que la criminalización de defensoras y defensores del territorio se ha convertido en un problema grave y persistente para hostigar, detener y desmovilizar a personas y comunidades quienes defienden sus tierras, recursos naturales y autonomía frente a megaproyectos y actividades extractivas.
De esta manera, destacó que resulta frecuente el hostigamiento, amenazas y estigmatización contra representantes agrarios y comunales quienes respetan y hacen valer los acuerdos de sus asambleas.
Ante esto, demandó no criminalizar a los indígenas zapotecos de San Francisco Coatlán, la cancelación de las dos carpetas de investigación y el respeto a los Acuerdos de Escazú, para garantizar un entorno seguro a personas y organizaciones que defienden el medio ambiente.
