A pesar de que el Congreso estatal pretendió establecer un mecanismo alternativo “para la creación de una nueva figura que sea herramienta para garantizar la correcta actuación gubernamental y evitar los actos de corrupción”, reformó la Constitución local para que las recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción no sean vinculantes, es decir sin obligación, a las autoridades y solo se les obliga a informar sobre la atención que brinden a las mismas.
Así, aprobó reformar el artículo 120 de la Constitución estatal, a fin de establecer que derivado de su informe anual, “podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas”.
En tanto, la fracción “e” de dicho artículo, que fue derogada, establecía que “las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Consejo de Participación Ciudadana y al Comité Coordinador, según corresponda, sobre el cumplimiento de las mismas. La ley establecerá las sanciones sobre el incumplimiento de esta disposición”.
Pero no hay ley, porque la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, que aprobó la 64 legislatura, fue vetada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por lo que no existe en Oaxaca un Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y ahora, el que se propone podrá emitir recomendaciones, pero nada más.
Esto a pesar de que los legisladores promoventes de la reforma constitucional, consideren que es de especial importancia su iniciativa, “pues actualmente nuestro estado se encuentra acéfalo en cuanto al combate a la corrupción desde su sistema, lo que genera un estado de indefensión y vulnerabilidad a todas y todos los oaxaqueños”.
