Washington, EU.- Tras haber cosechado en febrero y marzo duras derrotas judiciales por su decreto migratorio, cuyas dos versiones fueron bloqueadas por los tribunales, Donald Trump apuesta desde este lunes a lograr su revancha en el juicio de apelación.
La presunta intención es esencial. Como la Constitución de Estados Unidos prohíbe la discriminación religiosa, para quienes se oponen al decreto, la animosidad de Trump de cara al Islam no ofrece ningún género de duda.
A la inversa, si se prueba que el decreto responde simplemente a un problema de seguridad nacional vinculado con la inmigración de individuos potencialmente peligrosos, no hay razón para no aprobarlo: los textos otorgan al presidente la potestad de acción en la materia.
Virginia
Según el complejo sistema jurisdiccional estadounidense, es en Richmond, capital de Virginia, donde se analiza este caso que opone al Gobierno y a asociaciones civiles, para las cuales el decreto trata de manera discriminatoria a los musulmanes.
El desafío de Jeffrey Wall, un abogado del departamento de Justicia que representa a la administración, será persuadir a los jueces de que las restricciones al ingreso al país son parte de las potestades presidenciales.
Debido a la importancia y sensibilidad del caso, el cuarto circuito de la corte federal de Apelaciones sesiona en formación plenaria, con el conjunto de sus jueces activos, algo nunca visto en un cuarto de siglo.
La segunda versión del decreto cerraba temporalmente las puertas del país a los refugiados del mundo entero y a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, en vez de los siete de la versión precedente.
Esta medida es la más controvertida de la administración Trump, que afirma, sin prueba alguna, que la inmigración agrava la criminalidad en Estados Unidos.
