Transparencia Mexicana y Tojil temen arbitrariedades en el poder judicial de las entidades federativas

Los esquemas de trabajo y medidas de contingencia implementadas ante la pandemia de COVID-19 por los poderes judiciales de las entidades federativas, entre ellas Oaxaca, no garantizan aún la publicidad de sus resoluciones vía remota y en tiempo real, lo que compromete la transparencia en la impartición de justicia, afirmaron Transparencia Mexicana y Tojil.

Señalaron que el 6 de mayo pasado el Poder Judicial Federal reanudó las sesiones de sus Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) a través de videoconferencia.

Sin embargo, el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) únicamente prevé que se graben y resguarden los registros de esas sesiones para que puedan consultarse una vez que se regularicen las labores del Poder Judicial de la Federación, plazo y fecha que aún resultan inciertos en el marco de la contingencia sanitaria.

Ello limita la publicidad en tiempo real de las sesiones de los TCC, lo cual contraviene la ley y abre espacios a la arbitrariedad judicial.

Destacan que por mandato de ley, las audiencias de estos tribunales son públicas por lo que, además de las partes, puede presenciarlas cualquier ciudadano.

Hasta antes de iniciada la pandemia la publicidad de estas audiencias permitía presenciar la sesión en vivo y acceder con posterioridad a la videograbación de la sesión, que se publica en la página de internet del CJF.

Estas resoluciones son tan importantes como las de la Suprema Corte de Justicia debido a que en la mayoría de los asuntos ya no existe otra instancia para debatirlos.

Audiencias para todos

Expresan que en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria se ha hecho evidente la necesidad de preservar la continuidad de actividades esenciales, entre ellas las del ámbito judicial.

Para este fin, tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales de 27 entidades federativas usan algún tipo de tecnología de la información para la atención de los casos o audiencias urgentes, especialmente en materia penal.

Pero al igual que las audiencias de los TCC, las audiencias del sistema penal acusatorio y adversarial son públicas por mandato constitucional, lo que permite que -salvo casos muy excepcionales- cualquier persona pueda acudir como público y observar el desarrollo de proceso penal.

Aseveran que hasta este momento ni el Poder Judicial Federal ni los de las entidades federativas cuentan con mecanismos para garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal, es decir, que se permita a la ciudadanía acceder a estas audiencias en tiempo real y vía remota, esto es preocupante debido a que se está violentando un derecho constitucional y porque puede dar cabida a una serie de arbitrariedades.

Ambas organizaciones recomiendan: que los poderes judiciales mantengan o impulsen la atención de casos a través de mecanismos tecnológicos, sin comprometer la seguridad de sus funcionarios, de los abogados y partes ni los principios del procesos; y que los poderes judiciales dispongan medidas para garantizar la publicidad en tiempo real de las audiencias que, por ley, son públicas.