Falta interés para atender la violencia política de género

Carlos Díaz Vázquez Carlos Díaz Vázquez

Gabriela Villalobos Coello, magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es necesario y urgente que a nivel nacional se unifiquen los criterios del procedimiento especial sancionador para evitar que las mujeres que participan o buscan participar en la vida política sean violentadas en sus derechos políticos.

Gabriela Villalobos Coello, magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuestionó el desinterés que aún existen en algunos estados en torno al combate a la violencia política en razón de género.

Señaló que la violencia política contra las mujeres por razón de género es un tema de poco interés general y muy pocos estados se han ocupado por terminar con este flagelo que es real; lo lamentable es que en muchos estados las características físicas o preferencias de las mujeres sobresalen más que sus habilidades políticas.

“Las rutas con los que se topa el sector femenino de frente a un concierto de autoridades, tienen que ser quitadas de enfrente para que se entienda que ellas pueden confiar, debido a que una gran parte tiene miedo de denunciar” destacó la especialista.

Durante su participación en la videoconferencia “Procedimiento Especial Sancionador en el Combate a la violencia Política  Contra  las Mujeres” mencionó que  es necesario  dar pasos firmes y fuertes que, en realidad, ofrezcan soluciones a esta problemática.

Dijo que si se logra unificar los criterios en el Procedimiento Especial Sancionador  se estaría generando un panorama alentador en el derecho político de las mujeres, porque actualmente ocupan el mayor tiempo de su vida política defendiéndose.

“Ya es hora que las dejemos trabajar, que hagan campaña, y que sepan que ahí estamos para ellas. Escuchar sus voces, protegerlas, y hacer reparaciones genuinas”. mencionó la magistrada presidenta.

Actualmente ya existen las bases constitucionales y legales para resolver cualquier situación de una forma más rápida, eficaz y transparente, pero hace falta trabajar mucho en el cambio de cultura por parte de la sociedad mexicana y todavía de algunos actores políticos.

“Las bases para que no se afecten los intereses particulares de aquellas ciudadanas que buscan justicia ante algún atropello, es decir que obtengan mayores mecanismos de seguridad, existen y están puestos sobre la mesa solo falta ponerlas  verdaderamente en práctica” añadió.